Desde la llegada de la Concertación al poder se ha dado en suponer un sistema democrático o, más precisamente, lo que algunos han designado con el nombre de “transición democrática” con todo lo que implica definir tan ambiguamente a un periodo histórico con estas palabras.
Los primeros tres gobiernos de la Concertación se distinguieron por sus políticas centradas en mejorar el funcionamiento de un sistema económico construido bajo dictadura y que responde a una lógica de mercado, es decir, el “Estado” reduce su participación en economía y que, a lo más, desarrolla ciertos métodos de fiscalización o control manteniendo la transparencia en el manejo de los recursos fiscales (en teoría).
Sin embargo, con la instalación de Michelle Bachelet en altos cargos de gobierno y luego en el “Palacio de La Moneda”, los medios de comunicación fueron construyendo una imagen de “gobierno ciudadano” y “participativo” en vistas a mejorar nuestra tan alicaída “democracia”. Esta ilusión, tan contraria a lo que la misma ciudadanía estaba acostumbrada con Alwyn, Frei y (sobretodo) Lagos, se esfumó de un plumazo cuando, en una comedia, los representantes de los partidos políticos, especialistas y burócratas alzaron las manos como signo de victoria frente a la firma del acuerdo que definía una nueva ley marco sobre educación para lo cual no dudaron en recurrir a estrategias tales como “disfrazar” de escolares a “supuestos” ex – pingüinos de la revuelta de mayo del 2006.
Pero qué ocurrió se preguntarán algunos. ¿Dónde está el gobierno prometido, que escucharía, dialogaría y tomaría resoluciones en conjunto?… por el contrario, las políticas sociales como suelen ser llamadas las que afectan a educación han encontrado una respuesta negativa por parte del pueblo que se ha manifestado activamente en las calles, liceos, colegios y universidades durante las últimas semanas, llevando a cabo marchas, “meetings”, actos culturales, recolección de firmas, etc. Es más, el día miércoles 18 de junio, cientos de miles de personas se congregaron el la cuidad de Valparaíso para demostrar su desacuerdo con las políticas educativas construidas por el gobierno y la derecha, bajo los principios del (“libre”)mercado y el autoritarismo, heredados de la dictadura militar. Frente a estos hechos sucedidos en las calles porteñas, los “representantes del pueblo” se dispusieron a aprobar en primera instancia un proyecto de ley rechazado por un gran número de personas, estudiantes y trabajadores de la educación. La Ministra de Educación y políticos de las más distintas corrientes comentaban lo ocurrido. La derecha defendía a Bachelet y el gobierno se felicitaba.
Frente a esto: ¿qué hacer? ¿qué rol le cabe a los profesores y su “organización gremial”? Un proceso de movilización ¿puede hacer cambiar el rumbo de las políticas impuestas desde los que detentan el poder? Y sobre todo, tal como algunos (estudiantes y profesores) han hecho mención: ¿es la “educación estatal” o mejor dicho, la “estatización de la educación” la mejor respuesta a los actuales problemas de este sistema económico-político? En este mismo sentido: ¿Pueden construirse alternativas educativas que derriben por una parte, los principios del libre mercado y, por otra, el autoritarismo paternalista del Estado?
Antonio León / Grupo de Estudios Elisée Reclús
